Publicado en El Ciudadano- SC de Bariloche - 11-6-2007
Daniel Artana es un prestigioso economista, reconocido por su solidez intelectual y su mesura a la hora de las declaraciones. Por eso es llamativa la manera como expresó su opinión acerca de los bajos índices de precios al consumidor que difunde cada mes el Indec: “Una avivada del gobierno”, dijo.
Cualquiera que haya estudiado con alguna profundidad disciplinas económicas sabe que alterar un índice, que como el IPC reúne los precios de unos 8.000 bienes, es una tarea que por diversas razones de orden estadístico raya en lo inocultable. Eso, sumado a la respetabilidad del Indec, hasta hace un tiempo llevaba a confiar ciegamente en sus veredictos mensuales.
Al parecer ha dejado de ser así y de manera unánime no solamente la gente, sino también los economistas que siguen las estadísticas con microscopio, descreen de los bajos resultados de la evolución de precios.
Pero el Gobierno no altera los números. Su metodología es más sencilla. Ha modificado la captación de datos, dejando de hacerlo en las fuentes habituales y reemplazándolas por los números que “arregla” con distintos sectores en los acuerdos de precios que ha venido celebrando la Secretaría de Comercio. Aunque esos productos con “precios fijos” desaparezcan de mostradores y góndolas o sean reemplazados por envases con menor contenido, por citar algunas posibilidades a través de las cuales las empresas eluden controles.
Pero el problema no consiste solamente en la irritación que le provoca al consumidor verificar que el índice de precios adquiere características irreales. Porque el IPC es en definitiva un indicador económico, digamos, promedio, que no refleja y no tiene porque hacerlo el consumo de ningún individuo en particular. El propósito para decirlo simplemente es orientar las decisiones económicas en el contexto de la evaluación de la marcha de una economía. La verdadera cuestión es la que menciona Artana. Porque el IPC como número tiene distintas aplicaciones. Y en la Argentina “el costo de vida artificialmente bajo” afecta distintas variables. Por ejemplo la cotización de los bonos que integran la cartera de las AFJP; y por lo tanto perjudica a los futuros jubilados que permanezcan en ese sistema Y en un nivel más sofisticado tiene consecuencias sobre el costo de la deuda. Muchos instrumentos de deuda argentinos están indexados por el índice de costo de vida y si bien eso reduce los eventuales pagos del sector público, la consecuencia es que baja el precio de mercado. Eso no sucedería si no estuviera bajo sospecha la construcción estadística mensual de precios.
Es cierto que esos efectos están lejos del ciudadano común y ajenos al cortísimo plazo. Pero no todo es así. Y tratándose de un gobierno que enarbola las políticas sociales como eje de su gestión, lo que resulta verdaderamente paradójico es que la distorsión en la medición de precios alcanza necesariamente al cálculo de niveles de pobreza. El resultado es que índices de precios más bajos concluyen también en un menor valor de la canasta básica y por lo tanto en que hay menos pobres. Pero esto solamente en el plano virtual. En el terreno de la realidad significa que retrocede la distribución del ingreso con una economía en pleno crecimiento.
